San Cristóbal y Nieves ofrece ciudadanía por inversión a extranjeros desde 1984. Su programa de pasaportes es el más antiguo disponible actualmente en el mercado global. Además, es considerado un referente en la industria: las innovaciones introducidas por esta nación insular suelen ser adoptadas rápidamente por otros países del Caribe, así como por jurisdicciones fuera de la región. No obstante, un nuevo proyecto de ley será presentado ante el Parlamento para endurecer los requisitos de quienes deseen obtener el pasaporte de San Cristóbal.
Como era de esperarse, el anuncio de la residencia obligatoria para adquirir los denominados “pasaportes dorados” ha generado gran revuelo. Durante décadas, este servicio se ofrecía completamente a distancia. Es muy probable que otras jurisdicciones caribeñas —e incluso no caribeñas— adopten medidas similares, por lo que conviene seguir de cerca esta evolución normativa.
Nuevo proyecto de ley: residencia y biometría
Según declaró el Primer Ministro Terrance Drew, el gobierno de San Cristóbal presentará en las próximas semanas un proyecto legislativo que modificará de forma sustancial los requisitos para todos los futuros solicitantes de ciudadanía.
Puntos clave del proyecto:
- Residencia obligatoria: Todos los solicitantes deberán pasar un período de tiempo en el país o, en su defecto, demostrar una conexión auténtica con San Cristóbal. Aún no se han publicado los detalles específicos. Se está considerando establecer un requisito mínimo de presencia física, probablemente entre 30 y 90 días al año.
- Verificación biométrica: Se exigirá la toma de huellas dactilares. La recolección y resguardo de estos datos se realizará conforme a los estándares internacionales vigentes.
Estas medidas se alinean con los requisitos de la Comisión Europea y con las recomendaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Previamente, ya se había introducido la obligatoriedad de entrevistas personales para los solicitantes, las cuales debían realizarse presencialmente o mediante videoconferencia, utilizando mecanismos avanzados de identificación.
Presión por parte de EE. UU. y la UE
Estos cambios se producen en un contexto de creciente presión por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y otros actores tanto externos como internos. En particular, la oposición local y organizaciones internacionales independientes —como Transparency International— han intensificado sus críticas, acusando al país de “vender la ciudadanía”.
Funcionarios europeos han advertido a sus socios caribeños sobre la posible suspensión del acceso sin visado al espacio Schengen, así como una supervisión consular más estricta. El 17 de junio de 2025, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE acordaron una actualización del mecanismo de suspensión del régimen de exención de visado, haciéndolo más rápido, severo y flexible. A partir de ahora, los beneficios del visado sin restricciones podrán revocarse temporalmente no solo por un aumento en la migración, amenazas a la seguridad o negativa a readmitir personas deportadas, sino también en caso de que exista un programa de ciudadanía por inversión en vigor.
En la segunda mitad de junio, medios estadounidenses de alta reputación informaron que la Casa Blanca podría imponer sanciones de visado a terceros países, incluyendo a San Cristóbal. La base jurídica para esta medida se encuentra en la Orden Ejecutiva 14161, firmada por Donald Trump, en el marco de un paquete más amplio de restricciones migratorias.
Los fundamentos legales para sancionar a San Cristóbal incluyen:
- La existencia de un programa de ciudadanía económica que no exige presencia física ni requisitos de residencia;
- La emisión de pasaportes a ciudadanos de países sancionados por Estados Unidos, como Irán y Rusia.
Posición oficial y nuevas medidas complementarias
Durante décadas, el programa de pasaportes ha permitido a esta nación insular atraer miles de millones de dólares, consolidándose como una fuente clave de ingresos para el presupuesto nacional. No sorprende, por tanto, que el gobierno busque preservar este esquema mediante la introducción de nuevas medidas de seguridad. Además, el primer ministro Drew recalcó que el nuevo modelo no responde a presiones externas. Según afirmó, estas reformas estaban previstas desde hace tiempo y tienen como finalidad restaurar la credibilidad del programa.
Hacia una mayor transparencia
En el pasado, el programa fue objeto de críticas por su falta de transparencia y secretismo. El gobierno anterior se negaba a divulgar información sobre el número de nuevos ciudadanos. En cambio, el actual gabinete ha comenzado a publicar estas estadísticas. Por ejemplo, en 2022 se emitieron alrededor de 3.000 pasaportes a inversionistas y sus familiares, mientras que en 2023 la cifra fue de 2.400.
Los países de origen más frecuentes entre los solicitantes, en orden descendente, son:
- China
- Rusia
- Irán
- Nigeria
- India
Implementación del sistema eTA
Desde diciembre de 2023, el país ha estado avanzando en la implementación de un sistema de Autorización Electrónica de Viaje (eTA) para mejorar el control migratorio. Su entrada en funcionamiento está prevista para la segunda mitad de 2025. Se espera que este sistema se integre con una base de datos biométrica global, lo que facilitará la lucha contra la migración ilegal.
Política de readmisión
En relación con la presión de Estados Unidos, el Primer Ministro señaló que San Cristóbal cumple con la readmisión de todos sus ciudadanos deportados. Durante los primeros cinco meses de 2025, el país recibió a nueve personas repatriadas desde EE. UU., siendo las causas más frecuentes la expiración de visados y faltas migratorias no penales.
Cooperación regional: hacia un regulador supranacional
En una reciente cumbre de jefes de Estado de la Unión Monetaria del Caribe Oriental (ECCU) se tomó una decisión histórica: la creación de un organismo regulador regional para los programas de ciudadanía por inversión. Esta nueva entidad se estructurará siguiendo el modelo del Banco Central del Caribe Oriental (ECCB).
Sus objetivos principales serán:
- Armonizar los criterios de elegibilidad;
- Desarrollar conjuntamente normas de conozca a su cliente (KYC), prevención de lavado de dinero (AML) y debida diligencia;
- Unificar las políticas de precios entre los Estados miembros.
Última oportunidad bajo las condiciones actuales: la “ventana de oportunidad” se cierra
Abogados especializados en inmigración destacan que solo quedan unas semanas —o en el mejor de los casos, unos pocos meses— antes de que las nuevas disposiciones entren en vigor. Si usted desea obtener la ciudadanía conforme a los requisitos actuales, debe presentar su solicitud cuanto antes.
| Opción | Monto mínimo | Observaciones |
| Donación | 250.000 USD + tasas | Contribución no reembolsable al Fondo de Crecimiento Sostenible |
| Inversión inmobiliaria (rendimiento del 3–7%) | 325.000 USD + tasas | Participación en proyectos aprobados (ej. Royal St. Kitts Hotel). Reventa posible tras 7 años |
Los plazos de procesamiento oscilan entre 45 y 90 días. Existen opciones aceleradas disponibles mediante el pago de una tarifa adicional.
¿Qué sigue?: Reducir la dependencia del programa de pasaportes y un nuevo modelo de desarrollo
El gobierno ha reconocido que el modelo anterior, en el que hasta el 70 % del presupuesto nacional dependía de los ingresos por “pasaportes dorados”, implicaba riesgos estratégicos considerables. Como respuesta, se ha lanzado un programa de diversificación económica a gran escala.
Áreas prioritarias del nuevo modelo de desarrollo:
- Agricultura: Reducción de la dependencia de alimentos importados mediante el fomento de la producción local.
- Turismo e infraestructura náutica: El proyecto Safe Harbor posicionará al país como un operador líder de marinas. Se impulsarán hoteles de marcas internacionales, sin financiación del programa de ciudadanía.
- Educación e infraestructura social: Construcción de nuevas escuelas secundarias y modernización del sistema de salud con apoyo de especialistas cubanos.
- Agua y energía: Proyectos conjuntos con Taiwán y Arabia Saudita, enfocados en soluciones sostenibles de abastecimiento hídrico.
Conclusión
La introducción del requisito de residencia reducirá objetivamente el atractivo del programa de San Cristóbal y Nieves. Sin embargo, es poco probable que se trate de un caso aislado. Otras jurisdicciones deberán elegir: adaptarse voluntariamente a la nueva realidad o enfrentarse al aislamiento internacional. San Cristóbal ha demostrado que la reforma es posible. La pregunta ahora es: ¿quién será el próximo?
