En ocasiones se debate acerca de los paraísos fiscales y las naciones offshore en términos de ser un «peligro máximo» para la economía global. Se sostiene que son utilizados por individuos inescrupulosos para esconder fondos, eludir obligaciones tributarias y socavar los procesos económicos convencionales.
No obstante, la realidad subyacente es que las jurisdicciones offshore brindan oportunidades legítimas tanto para particulares como para empresas, en la búsqueda de aligerar sus cargas fiscales. La aseveración de que el uso de paraísos fiscales es ilegal carece de precisión.
Además, en los últimos tiempos, la connotación de la palabra «offshore» ha experimentado un cambio significativo. En la actualidad, el término «sociedad offshore» abarca cualquier entidad registrada en una jurisdicción extranjera que presenta una serie de ventajas que no se encuentran disponibles en el país de origen del Beneficiario Final de la sociedad. Estos beneficios abarcan una menor carga impositiva, una mayor protección de datos personales, requisitos de información simplificados, entre otros aspectos.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Un territorio de ventajas fiscales se define como una nación o región que proporciona estímulos tributarios a empresarios foráneos que opten por establecer empresas comerciales y abrir cuentas bancarias en su territorio. Estos estímulos pueden englobar los siguientes aspectos:
- Tasas impositivas reducidas o inexistentes.
- Procedimientos simplificados para la fundación de compañías.
- Marco legislativo riguroso orientado a la salvaguardia de la confidencialidad financiera.
Una jurisdicción de este tipo es naturalmente atractiva para las personas que buscan optimizar sus finanzas, proteger sus activos y reducir sus cargas fiscales. Las jurisdicciones offshore más populares son Suiza, Nieves, las Islas Caimán y las Bermudas.
No obstante, hay que tener en cuenta que algunos países onshore que suelen cobrar impuestos elevados ofrecen a veces incentivos fiscales especiales a los empresarios extranjeros. Puede encontrar algunas «propiedades offshore» en países como Canadá, EE.UU. y Gran Bretaña, por ejemplo. Si aprovecha las oportunidades disponibles de forma inteligente, puede economizar seriamente en impuestos estableciendo una empresa extranjera en una de estas jurisdicciones y disfrutar allí de un alto nivel de protección de la confidencialidad.
¿Es legal utilizar paraísos fiscales?
A pesar de las numerosas polémicas en torno a las jurisdicciones extraterritoriales, el cuestionamiento que puede surgir se relaciona principalmente con el aspecto ético del aprovechamiento de estos paraísos fiscales. No obstante, en lo que respecta a su legalidad, no existen cabos sueltos al respecto. Las jurisdicciones offshore se constituyen como países autónomos o regiones autogobernadas que reglamentan sus asuntos de acuerdo con sus propias leyes. Cada nación o región autónoma posee la capacidad de promulgar las normativas que juzgue pertinentes.
En muchas ocasiones, estas jurisdicciones carecen de recursos naturales, por lo que se ven compelidas a buscar inversión directa extranjera. En realidad, esto se convierte en una cuestión crucial para su subsistencia. En consecuencia, optan por establecer legislaciones que atraigan a empresarios provenientes de naciones económicamente más robustas, incentivándolos a crear empresas en su seno. Las ventajosas disposiciones empresariales halladas en las jurisdicciones offshore les brindan la oportunidad de optimizar sus operaciones comerciales. En este contexto, las administraciones de estas regiones autónomas reciben aportaciones adicionales provenientes de empresarios extranjeros, lo que les permite financiar proyectos de naturaleza social. El sector de servicios offshore se convierte en un elemento esencial en la economía de un considerable número de naciones soberanas y territorios autónomos.
Es vital entender la distinción entre la planificación fiscal y la evasión fiscal. La evasión fiscal es ilegal en todas las instancias, mientras que la planificación fiscal es completamente lícita, aun cuando esta expresión pueda haber adquirido ciertas connotaciones desfavorables en recientes tiempos. Tanto individuos como empresas internacionales cuentan con herramientas legales que pueden emplear para reducir sus obligaciones tributarias. Algunos de ellos logran ahorrar sumas significativas, incluso en el rango de millones o miles de millones de dólares anuales, a través de mecanismos legales de planificación fiscal.
Por otro lado, la evasión fiscal, que involucra la ocultación de ingresos, la provisión de información falsa o la participación en tramas fraudulentas, conlleva consecuencias adversas en cualquier país, ya sea offshore u onshore. Quienes sean declarados culpables de evasión fiscal se enfrentarán a sanciones económicas e incluso posibles penas de prisión.
Para mitigar las oportunidades de evasión fiscal, la comunidad internacional ha implementado requisitos de intercambio de información de carácter riguroso. Tanto las naciones onshore como las offshore comparten información financiera de los clientes de sus instituciones bancarias locales, en el marco de la FATCA (para ciudadanos estadounidenses) o del CRS (para ciudadanos de la mayoría de otros países). En consecuencia, las entidades bancarias buscan obtener claridad acerca del Beneficiario Final Efectivo de las sociedades, independientemente de la jurisdicción en la que estén registradas. Dicha información será compartida con las autoridades tributarias del país de origen de la empresa.
¿Es ético utilizar paraísos fiscales?
Diversos críticos plantean que las jurisdicciones extraterritoriales pueden propiciar la evasión fiscal, intensificando la carga tributaria para aquellos que carecen de acceso a servicios extraterritoriales, erosionando así la base fiscal general de otros Estados soberanos. Es común escuchar argumentos que cuestionan la ética del uso de paraísos fiscales, ya que se alega que este accionar evita la responsabilidad social y no contribuye al bienestar colectivo de los conciudadanos.
Además, la marcada confidencialidad financiera que caracteriza a algunas jurisdicciones extraterritoriales suscita preocupaciones en torno al lavado de dinero y la corrupción. Si, por ejemplo, una cuenta bancaria permanece anónima, resulta complejo para las autoridades competentes investigar delitos financieros y supervisar flujos de capital ilícito.
Recientemente, la comunidad internacional ha intensificado los esfuerzos para combatir la evasión fiscal. En este contexto, se encuentra en curso una campaña global de desfiscalización. Entidades internacionales como la OCDE y el G20 promueven una mayor transparencia tributaria e implementan medidas más rigurosas para contrarrestar el lavado de dinero.
Tanto la Iniciativa de Intercambio Automático de Información Financiera (CRS, por sus siglas en inglés) como el Plan de Acción BEPS tienen como objetivo clausurar vacíos legales, optimizar la transparencia financiera y prevenir estrategias de planificación fiscal agresivas. El propósito es lograr un equilibrio entre la equidad tributaria, la competitividad económica y la preservación del sistema financiero mundial.
Los Estados Unidos están al frente de esta contienda. El IRS exige que todas las naciones extranjeras compartan información sobre titulares de cuentas bancarias de nacionalidad estadounidense, aunque paradójicamente, los Estados Unidos no comparten datos financieros de sus propios residentes con otras naciones. En este contexto, paradójicamente, el país puede considerarse como uno de los principales paraísos fiscales a nivel global.
No obstante, los países pequeños de regímenes offshore no pueden mantener un secreto total. Están obligados a colaborar con entidades internacionales y establecer nuevas regulaciones que aumenten la transparencia en los datos financieros de sus residentes. Paradójicamente, naciones tradicionalmente catalogadas como «offshore» son hoy en día más transparentes que algunos Estados onshore, como es el caso de los Estados Unidos.
La lucha contra los paraísos fiscales apunta principalmente a redirigir los flujos monetarios, ya que las naciones más poderosas desean ejercer un mayor control sobre los acontecimientos globales. Sin embargo, las naciones pequeñas con ventajas fiscales han logrado resistir en cierta medida la presión internacional. Aun así, siguen ofreciendo mecanismos eficientes que permiten reducir la carga tributaria. Además, una empresa registrada en un territorio de ventajas fiscales o una cuenta bancaria en dicho territorio puede brindar protección a la privacidad, no ante las autoridades fiscales del país de origen, sino ante posibles estafadores, ex cónyuges, periodistas, entre otros. Además, los activos ubicados en jurisdicciones offshore están resguardados contra secretos bancarios, incautaciones y embargos injustos.
Las iniciativas BEPS, CRS y otras han contribuido a hacer la creación de empresas offshore más segura que antes. Dado que las sociedades registradas en territorios de ventajas fiscales ahora son transparentes, se encuentran en pleno cumplimiento legal.
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10 agosto 2023 